Punto de Acceso Único Europeo (ESAP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de la Unión Europea para establecer una plataforma centralizada de información.
Ya la tenemos aquí, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Publicada en el BOE el pasado 21 de febrero de 2023, entrará en vigor el 13 de marzo de 2023.
Las empresas de más de 50 empleados tendrán que disponer de un Sistema Interno de Información antes del 1 de diciembre de 2023.
La CSRD propone que las empresas que cotizan en la UE también utilicen los informes ESRS para presentar su información sobre sostenibilidad, siguiendo unos estándares que se desarrollarán en los próximos años. Esto facilitará la integración de la información financiera y no financiera, y mejorará la calidad y la comparabilidad de los datos sobre ESG.
El término es una calificación para los «sistemas de emisión de facturas verificables» que también se les conoce como «Sistemas VERI*FACTU» y que son los sistemas informáticos que usamos para cumplir las obligaciones de facturación que deben enviar facturas a Hacienda.
El Índice de Percepción de la Corrupción es una medición que va de 0 a 100 (siendo 100 la percepción de corrupción más baja o nula). Sólo por curiosidad, ¿quiénes imaginas tienen las puntuaciones más altas dentro de la UE?
Seas autónomo o empresa desde el 1 de enero 2024 tendrás que remitir a la Agencia Tributaria (AEAT) todas tus facturas y deberás hacerlo mediante un software certificado. ¿Quieres saber qué es y en qué consiste?
El objetivo es perseguir la corrupción, tratos de favor, proteger los derechos humanos. Exigir a tus proveedores que cumplan con la Ley integrando un sistema de información interno también es ESG. Las empresas tendrán que disponer de personal interno que se encargue del seguimiento de lo recogido en el canal.
Los denunciantes o whistleblowers son aquellas personas que deciden denunciar las malas prácticas realizadas en el seno de una empresa u organización. El espíritu de la Directiva y de la regulación estatal posterior es la de dotar al empleado de un canal de denuncias que le proteja ante posibles represalias, con el objetivo de generar un sistema de amparo que permita sacar a la luz prácticas corruptas e ilegales en las organizaciones.
A las empresas afectadas por esta directiva se les exigirá determinar, prevenir y si fuera necesario evitar y mitigar los efectos contraproducentes contra los derechos humanos y contra el medio ambiente.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, entra en vigor, según el BOE, el día 22 de mayo de 2021. Esa ley advierte y sobre todo pone en contexto lo que está por venir.
La necesidad de desarrollar un lenguaje común que defina con acierto y claridad qué es «sostenible» y qué no, es la base que sustenta la creación de un plan de acción para financiar el crecimiento sostenible. Nace una taxonomía de la UE.
Y ¿qué es el «derecho a reparar»? La Unión Europea lo llama: «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores».
